Petróleo en Tabasco: la extensión de un conflicto

Una preocupación central para la ecología política consiste en identificar las relaciones de poder que son ejercidas durante la apropiación de los recursos naturales. En el tema petrolero mexicano, las relaciones de poder han sido planificadas desde el ámbito gubernamental, pues Petróleos Mexicanos como empresa paraestatal ha contado con el apoyo político para activar y después reproducir lógicas extractivas en distintos territorios del sureste mexicano.

     Sin embargo, las prácticas extractivistas se han caracterizado por conducirse a través de mecanismos de exclusión hacia los habitantes de las localidades donde se encuentran los yacimientos petroleros. Esto ha conducido a que tal como lo dicen los escritos latinoamericanos sobre ecología política, la instauración de una actividad extractiva como la petrolera, funja como el antecedente para la instauración de un escenario de tensiones entre distintos actores.

    Dicho escenario se complejiza más cuando el ejercicio del poder se conduce mediante el uso coercitivo de la fuerza. Esto por ejemplo en el caso tabasqueño ocurrió cuando a mediados de la década de 1980, intervino la policía y el ejército en aquellos casos donde propietarios, ejidatarios y campesinos se opusieron a la instalación de mecheros en sus tierras.

   Además de la intervención policiaca-militar, la pugna de intereses para el ejemplo tabasqueño, tuvo en el centro de toda negociación el pago de indemnizaciones que un movimiento social –el Pacto Ribereño- exigió por las afectaciones a sus bienes agropecuarios. Es importante recordar que para ese momento se confrontaban dos actividades económicas, por una parte la agricultura y por otra la petrolera, aunque esta segunda con un mayor apoyo político y recursos económicos e institucionales que terminarían por hacerla vencer en la contienda.

    Todo este contexto para decir que tras 30 años de extractivismo petrolero en Tabasco, el escenario de conflicto en la entidad no ha dejado de existir, y esto debido a que las dinámicas de exclusión tampoco se han desdibujado. Hoy en día la explotación del petróleo sigue beneficiando solamente a unos pocos.

    Sin embargo actualmente, en lugar de un movimiento social institucionalizado, lo que ha ocurrido es la conformación de distintos grupos de interés, que mediante diversas tácticas buscan reaccionar a la lógica dominante, instaurando mecanismos de beneficio económico y personal por la extracción del hidrocarburo, algunos de estos mecanismos inclusive ilegales y que ponen en grave riesgo su vida.

    Una de las diversas tácticas utilizadas para ello es el robo de hidrocarburos. En este tema hay que distinguir dos escalas, por una parte la existencia de redes organizadas de tráfico ilegal de combustible, que seguramente cuentan con altos recursos financieros y logísticos, y por otra parte, la existencia de grupos más reducidos, que ven en el petróleo una fuente de multiplicación de su ingreso personal, ante condiciones de desempleo y precariedad.

    Concentrándonos en este segundo grupo, en Tabasco la práctica de este ejercicio es alta, ya que tan sólo de enero a septiembre de 2015 se registraron un total de 301 tomas clandestinas (Presente. Diario del Sureste, 2016). Sin embargo, la preocupación mayor por encima del dato estadístico, radica en el riesgo físico en el que incurren quienes llevan a cabo –más no organizan- esta ordeña de ductos. Esto fue demostrado recientemente con la muerte de 5 personas por la explosión ocurrida en diciembre de 2015.

    Como un intento por controlar esta situación, en enero de 2016 se elevó a delito federal el robo de hidrocarburos, hecho que a pesar de imponer una sanción penal de hasta 25 años de prisión, para el caso de las ordeñas locales de ductos en Tabasco, no parece ser ninguna solución. La razón es simple, las comunidades de municipios petroleros se encuentran muy lejos de ver el robo de hidrocarburos como un delito el cual deban denunciar.

   Así como otras actividades –por ejemplo, el bloqueo a caminos e instalaciones petroleras- el robo de hidrocarburos constituye una práctica que las poblaciones locales han aceptado y reproducido por fuera de lo que para ellos constituye un delito. En algunas imágenes inclusive se puede observar a menores de edad participando en estas actividades, lo que al final de cuentas permite entender este comportamiento como un mecanismo marginal de aprovechamiento de una riqueza petrolera, que por cauces institucionales se encontraría muy distante de ellos.

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